El grave riesgo económico de la ruptura entre Leo Messi y el FC Barcelona

Imagen de Leo Messi en el Camp Nou.

Leo Messi no acudió este domingo a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para someterse a las pruebas PCR con las que el primer equipo del Barcelona inició la temporada. Tampoco se personará hoy para participar en la primera sesión de entrenamiento del nuevo proyecto de Ronald Koeman. Ni el martes. Ni el miércoles. Nada debería cambiar porque para el rosarino todo quedó zanjado en su burofax.

Entienden los asesores del futbolista que ya no está contratado por el Barcelona. Incluso afirman que la cláusula de rescisión de 700 millones de euros a la que se remite el club no tiene validez esta temporada, aludiendo a que en el contrato se especifica que dicha indemnización no debe ser aplicada siempre y cuando el jugador rompa su vinculación después de la conclusión del curso 2019-20. Algo que niega el Barça, que insiste en que ese último año no es opcional, tal y como defienden los abogados de Messi, por lo que concluye que no hay otro precio de salida que los 700 millones.

Messi, en cualquier caso, insiste en reunirse con el gobierno de Bartomeu ante el grave riesgo de que el conflicto concluya en un juzgado social de Barcelona. Un escenario tan incierto como peligroso para ambas partes, por mucho que la literalidad de la cláusula de escape ejecutada por Messi -«antes del 10 de junio», se especifica en el documento que debía haber comunicado su marcha- pueda sostener al Barça. Otra cosa es el precio de la indemnización que pudiera fijar el tribunal de turno. Desde los 700 millones de euros de cláusula de rescisión que, según el Barça, son plenamente válidos hasta el próximo 30 de junio, hasta una cifra sensiblemente inferior en la que se tendrían en cuenta aspectos como la edad del futbolista (33 ), el tiempo restante de contrato (una temporada), pero también el impacto económico consecuente de una rescisión unilateral. Incluso la liberación gratuita, como defiende el argentino.

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